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CONJUEZ DE LA CORTE NACIONAL REGRESARÁ A IMBABURA PARA CUBRIR DÉFICIT DE JUZGADORES

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La administración de justicia en Imbabura tendrá un nuevo movimiento interno. El Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió, este 23 de junio de 2026, dar por terminada la designación temporal de Lauro Javier de la Cadena Correa como conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), cargo que ocupó desde el 29 de noviembre de 2019.

La decisión fue adoptada por necesidad institucional, y forma parte de las medidas orientadas a fortalecer el funcionamiento del sistema judicial en distintas provincias del país, dice la institución en un boletín de prensa. Con esta resolución, De la Cadena deberá regresar a su cargo de origen en la Corte Provincial de Justicia de Imbabura.

IMBABURA ENFRENTA DÉFICIT DE JUZGADORES

Según el Consejo de la Judicatura, el retorno del magistrado busca cubrir el déficit de juzgadores y reducir el impacto del estado crítico identificado en la dependencia judicial de Imbabura. La medida se sustentó en informes técnicos y jurídicos que determinaron la necesidad de reforzar esa jurisdicción.

Javier de la Cadena permaneció como conjuez temporal de la Corte Nacional de Justicia durante seis años, seis meses y 25 días. Su salida de la CNJ no es un caso aislado. El pasado 15 de junio de 2026, el Pleno también dispuso el retorno de Pablo Loayza Ortega a su cargo de juez en la Corte Provincial de El Oro, luego de terminar su designación como conjuez temporal de ese organismo.

UN VOTO SALVADO LO UBICÓ EN EL DEBATE DEL CASO GOLEADA

Tres semanas antes, la Corte Nacional de Justicia se pronunció sobre la actuación de los jueces que revocaron la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y de otros procesados dentro del denominado caso Goleada.

En esa decisión, el alto tribunal calificó como “error inexcusable” la actuación de los magistrados del tribunal inferior, lo que abrió la posibilidad de eventuales acciones disciplinarias. Sin embargo, De la Cadena no acompañó totalmente el criterio de mayoría y dejó sentado un voto salvado, en el que expresó una posición parcialmente distinta frente al alcance de la resolución.

El caso Goleada investiga presuntas operaciones de lavado de activos relacionadas con la comercialización ilegal de combustibles. Dentro de esta causa constan como procesadas varias personas del entorno familiar del alcalde guayaquileño, lo que ha convertido al expediente en uno de los casos judiciales de mayor atención pública en las últimas semanas.


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