La fiscalización abierta por la Asamblea Nacional sobre los patrimonios de las autoridades seccionales del país no busca revisar obras, contratos ni la administración cotidiana de municipios y prefecturas.
El proceso apunta a determinar si existen señales de incrementos patrimoniales que no puedan justificarse durante el ejercicio del cargo y, de encontrarse elementos relevantes, trasladarlos a las instancias competentes.
La Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio tiene bajo análisis la información correspondiente a 224 alcaldes y 23 prefectos.
La investigación fue dispuesta por el Pleno de la Asamblea el 23 de junio de 2026 y tiene un plazo máximo de 90 días.
Pablo Jurado, asambleísta por Imbabura e integrante de esa comisión, explicó que la labor legislativa tiene límites definidos. La Asamblea, sostuvo, no actúa como juez ni puede declarar culpable a una autoridad local por la evolución de su patrimonio.
“Nosotros no estamos con el afán de acusar a nadie, ni de sentenciar a nadie, ni de juzgar a nadie”, señaló Jurado durante una entrevista en el programa Las Noticias de X de Radio X FM.
El legislador afirmó que la comisión deberá trabajar sobre documentación oficial y respetar la reserva de los casos que todavía se encuentren en etapas investigativas.
DECLARACIONES PATRIMONIALES SERÁN CONTRASTADAS CON DATOS DE VARIAS INSTITUCIONES
El procedimiento contempla reunir y contrastar información proveniente de instituciones como la Contraloría General del Estado, Servicio de Rentas Internas (SRI), Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Superintendencia de Compañías y registros de la propiedad.
La hoja de ruta oficial de la Comisión establece primero la recopilación de información institucional. Después vendrá el cruce y constatación de datos, seguido de una evaluación técnica y jurídica. Con esos resultados se conformarán expedientes y una matriz que permitirá clasificar los casos según niveles de alerta.
El asambleísta también marcó una diferencia entre el trabajo de la Comisión y una investigación penal. El Legislativo puede solicitar documentos, recibir informes y analizar la información, mientras que una investigación sobre posibles delitos, bienes eventualmente colocados a nombre de terceros o estructuras de testaferrismo corresponde a las autoridades con competencias específicas para hacerlo.
La resolución del Pleno permite a la Comisión solicitar información, informes técnicos y documentación, además de convocar a funcionarios, organismos de control, especialistas y otras personas que puedan aportar elementos al proceso.
Desde la perspectiva de Jurado, esto tampoco significa que los alcaldes o prefectos vayan a ser convocados a una especie de juicio político dentro de la Comisión.
Explicó que las autoridades involucradas deberán ejercer su defensa en las instancias que correspondan si Contraloría, Fiscalía u otra institución competente continúa algún procedimiento.
SI APARECEN INDICIOS, LA ASAMBLEA NO PODRÁ DESTITUIR A ALCALDES O PREFECTOS
Uno de los puntos centrales del proceso está en qué sucederá si la revisión detecta un incremento patrimonial que no pueda ser explicado con la documentación disponible.
“Nada, solamente remitir la información con el mismo carácter reservado que llegó a la Comisión al Pleno de la Asamblea Nacional”, respondió el legislador imbabureño.
El producto final será un informe con conclusiones, observaciones y recomendaciones que deberá ser conocido por el Pleno.
A partir de allí, cualquier actuación relacionada con determinación de responsabilidades deberá seguir los mecanismos previstos en la ley y las competencias de organismos como Contraloría o Fiscalía.
El cronograma original fijó 90 días para concluir la fiscalización. Jurado advirtió que el tiempo podría resultar insuficiente y señaló que ha planteado la posibilidad de solicitar al Pleno días adicionales para terminar el informe.
