La situación judicial de Guido Perugachi, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias del Ecuador (FENOCIN), cambió este viernes 14 de agosto. La jueza de Garantías Penales de Ibarra Raquel Maza acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra el dirigente, procesado por la presunta paralización de un servicio público durante las protestas de septiembre y octubre de 2025 en Imbabura.
La decisión se produjo durante la reinstalación de la audiencia de formulación de cargos que había comenzado el martes 11 de agosto, como lo informó CRÓNICAS DEL NORTE. Ese día, el fiscal Washington Burbano solicitó que Perugachi fuera enviado a prisión mientras avanza la investigación y presentó elementos relacionados con las movilizaciones que durante 31 días afectaron a Imbabura. La diligencia se extendió por cerca de tres horas y se desarrolló de manera telemática.
Al finalizar aquella primera jornada, Maza no resolvió inmediatamente la medida cautelar. Solicitó el expediente físico para revisar los elementos expuestos por Fiscalía, notificó a Perugachi como procesado y declaró abierta una instrucción fiscal de 90 días. La audiencia quedó suspendida hasta este viernes, cuando finalmente la magistrada acogió el pedido de prisión preventiva.
LA JUEZA CONSIDERÓ INSUFICIENTES LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS
Durante la resolución, la jueza sostuvo que las acciones registradas durante el paro afectaron derechos de miles de ciudadanos que enfrentaron restricciones para movilizarse. Entre los elementos considerados también se mencionó la presencia de Perugachi en Ibarra y declaraciones realizadas durante las protestas en las que habló de una eventual “toma” de la ciudad.
La defensa del presidente de la FENOCIN había solicitado desde el inicio del proceso la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva y planteó también la aplicación del diálogo intercultural. Sin embargo, la magistrada consideró que esas alternativas no eran suficientes frente a los elementos expuestos dentro de la causa.
La Fiscalía sostiene que Perugachi habría tenido participación en acciones desarrolladas durante el paro de 2025. Entre los elementos presentados constan partes policiales y señalamientos sobre cierres de vías, cierre e intimidación a establecimientos comerciales, afectaciones a infraestructura pública y sistemas de agua potable, interrupción de actividades educativas y retención de integrantes de la Policía y las Fuerzas Armadas. Estas circunstancias forman parte de la tesis fiscal y deberán probarse durante el proceso.
En la causa también comparecieron como víctimas varias instituciones estatales. Según la información difundida sobre el expediente, constan el Ministerio de Educación, la Policía Nacional, por la quema de una unidad policial, y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que reportó un perjuicio superior a 3 millones de dólares por valores que dejaron de cobrarse en peajes entre Chimborazo y Carchi durante las movilizaciones.
El proceso está relacionado con las protestas desarrolladas entre septiembre y octubre de 2025 contra la eliminación del subsidio al diésel. Imbabura se convirtió en el principal escenario de las movilizaciones y permaneció durante varias semanas con bloqueos en distintos corredores viales.
Antes de la formulación de cargos, la defensa de Perugachi intentó que la investigación fuera trasladada a la justicia indígena. La jueza Maza negó la declinación de competencia y posteriormente la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura no dio paso a la apelación presentada por el dirigente, por lo que la causa continuó dentro de la justicia ordinaria.
PERUGACHI HABÍA DENUNCIADO UNA “PERSECUCIÓN POLÍTICA”
Días antes de que la jueza resolviera su situación, Perugachi habló en Las Noticias de X, de Radio X FM, sobre el proceso penal. Durante la entrevista aseguró que las actuaciones judiciales en su contra se habían acelerado y relacionó esa situación con su papel al frente de la FENOCIN y con el proceso de revocatoria de mandato que impulsó contra el presidente Daniel Noboa.
“Es notorio que es una persecución. Me acusan de que yo he convocado al paro 2025 (…) pero yo no era ni dirigente nacional en el año 2025”, afirmó Perugachi durante la entrevista.
El dirigente también rechazó específicamente uno de los señalamientos relacionados con una posible afectación al servicio de agua potable de Ibarra. En la misma entrevista sostuvo que desconocía la ubicación de las instalaciones del sistema y aseguró que su defensa había solicitado evidencias que demostraran su participación.
Perugachi también fue consultado por las declaraciones que realizó durante el paro sobre una “toma” de Ibarra. El dirigente sostuvo que la expresión no hacía referencia a actos violentos, sino a una forma de ocupación simbólica utilizada dentro de las movilizaciones indígenas. Esa interpretación contrasta con la posición expuesta dentro del proceso, donde sus pronunciamientos públicos forman parte de los elementos considerados por la acusación.
El pasado martes, el dirigente indígena ascendió al sector de las antenas del volcán Cotacachi para ayudar a apagar las llamas del incendio forestal en el parque nacional Cotacachi Cayapas. Ahí dijo que espera que la justicia prevalezca, que su participación en el paro estuvo en el marco de la legalidad.
