El proceso judicial contra los denominados “12 de Otavalo” aún no concluye. Aunque un juez de la Unidad Judicial Penal de Otavalo resolvió el sobreseimiento de los doce ciudadanos procesados por los disturbios registrados durante el paro indígena de septiembre de 2025, la Policía Nacional presentó una apelación que mantiene vigente la causa y que ahora deberá ser resuelta por una Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura. Hasta el momento no existe fecha para la audiencia ni se ha definido qué magistrados conocerán el recurso.

La investigación se originó tras los hechos ocurridos el 22 de septiembre de 2025, cuando las instalaciones de la Policía Judicial de Otavalo fueron incendiadas durante las protestas. En ese episodio se destruyeron ventanales, motocicletas, vehículos policiales, automotores particulares y otros bienes públicos y privados. Según los informes policiales citados durante el proceso, los daños superaron los 150 mil dólares. Ese mismo día fueron detenidas doce personas, quienes inicialmente fueron acusadas por el delito de terrorismo y trasladadas incluso a centros penitenciarios de máxima seguridad.

DEL DELITO DE TERRORISMO AL SOBRESEIMIENTO

El abogado defensor Luis Yépez recordó que las detenciones se produjeron en distintos lugares y horarios. Según explicó, aquello generó cuestionamientos sobre la vinculación de los procesados con los hechos investigados.

“La quema del cuartel se produjo a las tres y cuarenta y cinco de la tarde, pero la Policía Nacional detuvo inclusive a dos de las personas procesadas horas antes del evento”, afirmó.

Meses después, la Fiscalía reformuló cargos y sustituyó la acusación de terrorismo por los delitos de ataque y resistencia y daño a bien ajeno. Durante la etapa investigativa, un fiscal de Otavalo emitió un dictamen abstentivo al considerar que no existían suficientes elementos para sostener una acusación formal. Entre los argumentos señalados constaban la falta de individualización de las conductas y los resultados de pericias técnicas que no lograron ubicar a los procesados en las imágenes captadas durante los incidentes.

“El perito de la Policía Nacional determina que ninguno de los 12 procesados consta en las imágenes”, aseguró Yépez al referirse a los análisis realizados sobre grabaciones del ECU 911 y cámaras de seguridad privadas.

Posteriormente, el caso pasó a conocimiento de autoridades fiscales de otra provincia. La Fiscalía del Carchi revocó el dictamen abstentivo y dispuso que el proceso continúe. Sin embargo, durante la audiencia preparatoria de juicio realizada el 5 de junio de 2026, el juez concluyó que los elementos presentados eran insuficientes para llevar a los acusados a una etapa de juzgamiento y resolvió el sobreseimiento de los doce ciudadanos.

LA APELACIÓN DE LA POLICÍA Y LA INCERTIDUMBRE SOBRE EL FUTURO DEL CASO

La decisión judicial fue impugnada por la Policía Nacional, que actuó como acusadora particular dentro del proceso. Según la defensa, el recurso presenta una particularidad jurídica: la acusación de esa institución fue planteada originalmente por el delito de terrorismo, infracción que dejó de formar parte del proceso tras la reformulación de cargos realizada por Fiscalía.

La defensa considera que la Sala de lo Penal deberá determinar si la apelación es procedente en estas circunstancias. Además, argumenta que Fiscalía, como titular de la acción penal pública, no presentó recurso contra el sobreseimiento, lo que a criterio de los abogados limita la posibilidad de que el caso avance hacia un juicio.

Mientras tanto, los procesados permanecen en libertad tras haber pasado entre 30 y 60 días privados de libertad durante las primeras etapas del proceso. Según la defensa, varios de ellos son padres de familia, dirigentes comunitarios y ciudadanos de escasos recursos económicos que continúan afrontando las consecuencias sociales y psicológicas derivadas del caso.

Aunque el sobreseimiento ratificó su estado de inocencia, la apelación presentada por la Policía mantiene abierta una causa que se ha convertido en uno de los procesos judiciales más controvertidos derivados de las protestas de 2025 en Imbabura. La última palabra, por ahora, la tendrá la Corte Provincial de Justicia.